El MP presenta requerimiento fiscal por desvío de más de 143 millones de lempiras en caso "Helios"

Otro caso de corrupción, El Ministerio Público (MP), a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra las Redes de Corrupción (UFERCO), presentó un requerimiento fiscal en el caso de corrupción denominado "Helios".

 En este caso, exempleados de Casa Presidencial, el Instituto de la Propiedad (IP) y particulares, presuntamente habrían diseñado un esquema fraudulento para desviar más de 143 millones de lempiras (L143,638,214.48) de las finanzas públicas entre los años 2016 y 2017, durante la presidencia de Juan Orlando Hernández.

El MP acusa a 15 personas, entre ellas el exfuncionario de Casa Presidencial José Octavio Godoy Urbina, quien actualmente es diputado del Parlamento Centroamericano.

 Además, se han realizado capturas de Harvis Edulfo Herrera Carballo y Óscar Alberto López Escalante, quienes enfrentan cargos por delitos que van desde fraude hasta lavado de activos.

Según las investigaciones, José Octavio Godoy Urbina aprovechó su influencia como funcionario cercano al expresidente Hernández para reclutar personal de confianza en Casa Presidencial, el IP y particulares. Juntos, habrían creado empresas de maletín en el sector de publicidad y comunicaciones, diseñadas específicamente para actividades ilícitas. 

A través de estas empresas, se emitieron 144 cheques a nombre de las sociedades mercantiles, los cuales fueron depositados en cuentas bancarias relacionadas con las mismas.

Una vez que los fondos fueron depositados, los acusados retiraron el dinero en efectivo utilizando cheques a su nombre. Posteriormente, algunos de los imputados realizaron depósitos fragmentados en cuentas bancarias de personas naturales y jurídicas sin justificación alguna, siguiendo un listado proporcionado por la exministra de Comunicaciones y Estrategia, Hilda Rosario Hernández Alvarado.

Además, el MP logró asegurar nueve sociedades mercantiles, una organización no gubernamental, cinco inmuebles, un vehículo y los saldos de productos financieros de 12 personas naturales y tres jurídicas, como parte de las medidas cautelares solicitadas.

La investigación fue apoyada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cuyo trabajo fue fundamental para recolectar y analizar la información clave que sustenta este caso de corrupción.